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El aborto deja de ser un derecho constitucional en Estados Unidos medio siglo después

Ha sido lo ha decidido su Tribunal Supremo, dejando la competencia en manos de cada estado. Al menos 26 tienen intención de prohibirlo.

El aborto ya no es un derecho constitucional en Estados Unidos. El Tribunal Supremo del país norteamericano ha hecho pública su decisión de tumbar el precedente del caso Rose contra Wade, de 1973, que durante este último medio siglo ha amparado el derecho al aborto a nivel federal. Es decir, no podía imponerse la legislación al respecto de cada estado del país. Con esta modificación legal, el aborto vuelve a ser competencia de los 50 estados y la previsión es que 26 tienen intención de prohibirlo próximamente.
La decisión del Tribunal Supremo de Estados está vinculada al fallo del caso Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, una clínica de salud reproductiva de la capital de Misisipi. El derecho al aborto no era el tema principal de dicha demanda, que se refería a una ley concreta de dicho estado, en vigor desde el 2018, que prohíbe el aborto voluntario en la mayoría de contextos a partir de la semana 15 de gestación. Sin embargo, los jueces de la máxima autoridad judicial estadounidense han aprovechado esta circunstancia para debatir sobre el precedente de 1973, el citado fallo del caso Roe contra Wade.
Tal y como adelantaba la filtración del fallo publicada en la prensa de Estados Unidos el pasado mes de mayo —un borrador firmado por el miembro del Tribunal Supremo, Samuel Alito—, los jueces conservadores han derogado el precedente. En concreto, seis han votado a favor de hacerlo y tres lo han hecho en contra.

Qué implica esta sentencia

En la sentencia definitiva, de 213 páginas, la prensa especializada destaca que esta incide que la argumentación del caso Roe contra Wade estaba “eminentemente equivocada, y en franca colisión con la Constitución desde el momento en que fue publicada”. En la misma, los tres jueces que se han votado no al fallo, emiten un voto particular en contra del texto aprobado por mayoría. Son Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Stephen Breyer.
El diario El País recoge un resumen de su contundente reflexión en el voto particular emitido: “La ley de Misisipi prohíbe los abortos tras la decimoquinta semana, pero otros Estados podrían hacerlo después de 10 semanas, o de cinco, o de tres, o de una, o, de nuevo, desde el momento de la fecundación. (...) Algunos han promulgado leyes que se extienden a cualquier forma de aborto, incluida la toma de medicamentos en casa. Han aprobado normas sin ninguna excepción para cuando la mujer es víctima de una violación o de incesto. En virtud de esas leyes, una mujer tendrá que dar a luz al hijo de su violador o a una niña al de su padre, sin importar que hacerlo destruya su vida. Tras la sentencia de hoy, algunos Estados pueden obligar a las mujeres a llevar a término un feto con graves anomalías físicas. Pueden incluso argumentar que una prohibición del aborto no tiene por qué proteger a la mujer del riesgo de muerte o daño físico. En una amplia gama de circunstancias, un Estado podrá imponer su elección moral a una mujer y obligarla a dar a luz a un niño”.
Tal y como advierten corresponsales en Estados Unidos, 26 estados tienen intención de sacar adelante leyes que prohíban el aborto o lo limiten mucho más que lo que marcaba el precedente actual. Es una estimación secundada por entidades a favor del derecho de las mujeres a decidir como Planned Parenthood.
La lista incluye a los siguientes estados: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Míchigan, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, las Carolinas, Tennessee, Texas, Utah, Virginia Occidental, Wisconsin y Wyoming. Algunos ya tienen leyes escritas y aprobadas por lo que podrían entrar en vigor de inmediato.
De hecho, Texas y Oklahoma ya tienen en vigor leyes que eliminan el derecho al aborto en su territorio. Y también Misuri ha acelerado el proceso para prohibir el aborto mediante la activación de una ley desencadenante, conocidas en Estados Unidos como ‘trigger laws’ (leyes “gatillo”). Estas permiten que una ley estatal entre en vigor de forma inmediata cuando se elimina la protección constitucional, como ha ocurrido con el caso del aborto en esta mañana (tarde en España) en el país de las barras y las estrellas.
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