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La prestación de la Seguridad Social por hijo para personas en situación de vulnerabilidad se integra en el Ingreso Mínimo Vital

Con la intención, según expone el Gobierno, de evitar las duplicidades, por lo que también han cambiado los requisitos para acceder a este tipo de ayuda económica.

Con la entrada en vigor el año pasado del Real Decreto 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV),  el Gobierno está llevando a cabo una reestructuración de las ayudas estatales para evitar duplicidades, según han explicado desde el propio Gobierno en alguna ocasión, que deja algunos cambios significativos en las ayudas para familias en situación de vulnerabilidad.
Es el caso de la prestación de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo para personas que están en esta situación. La ayuda ya no existe como tal por lo que literalmente sí se habría eliminado, como han dejado entrever algunos representantes políticos recientemente, pero lo cierto es que se ha integrado dentro de esta nueva figura del IMV, que es una prestación familiar no contributiva reconocida por cada hijo a cargo menor de 18 años -o mayor con discapacidad igual o superior al 65%-, o un menor en en acogimiento familiar que cumpla una serie de exigencias.
Las condiciones para acceder a esta ayuda también han cambiado puesto que el IMV tiene una reglamentación propia que varía de la que aplicaba para poder recibir la  prestación de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo para personas en situación de vulnerabilidad.

Requisitos actuales para recibir la ayuda en el IMV

Para conocer cuáles son los cambios más importantes, se puede hacer una comparativa entre las exigencias previas a la integración de la ayuda en el IMV y los requisitos actuales, establecidos en el artículo 7 del mencionado RD 20/2020.
El IMV, por ejemplo, tiene en cuenta el nivel de renta familiar y su patrimonio neto, dejando fuera de la ecuación a la vivienda habitual y las deudas. Los valores varían en función del número de personas que integren la unidad familiar. En caso de que los ingresos del hogar no superen los límites de la renta garantizada para el tipo de familia que corresponda y si el patrimonio máximo permitido está por debajo del permitido en dicho tramo, se puede solicitar el IMV.
En este sentido, mientras que en la antigua prestación el límite mínimo de ingresos para recibirla era de 12.536 euros anuales para familias no numerosas con un hijo y 18.867 para familias numerosas con tres hijos, con el IMV se establecen límites más exigentes: 23.684,64 euros anuales para un adulto con un menor y 30.451 euros anuales para dos adultos con un menor.
Las cuantías varían notablemente pero también lo ha hecho en este tiempo el ingreso familiar a raíz de que se aprobara el Ingreso Mínimo Vital, pero es cierto que el requisito económico es más exigente. Seguramente por este motivo el Gobierno, a través de la norma que regula la transición entre la ayuda por hijo a cargo para personas en situación de vulnerabilidad y el IMV, la disposición transitoria séptima del RD 20/2020, dejó claro que todas las familias que recibieran la prestación de la Seguridad Social la seguirían percibiendo aunque no cumplieran los requisitos que marca la nueva reglamentación relativa al IMV.
Entre ellos, además del ya explicado del límite mínimo de ingresos, destacan también los siguientes: residir legalmente en territorio español; haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pueda tener derecho, en los términos que se fijen, exceptuando los salarios sociales, las rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas; un año mínimo desde la formación de la unidad de convivencia; y estar en situación de vulnerabilidad económica.

Cómo solicitarlo y cuándo se cobra

Una vez solicitado a través de la Seguridad Social presencialmente o en su sede electrónica, si es concedido, el IMV se cobra semestralmente, en enero y julio, en el caso de los menores de edad y mensualmente si en el núcleo familiar hay mayores de edad con discapacidad.
De todos modos, es posible, tal y como explicó recientemente el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que próximamente se revisen los niveles de renta y patrimonio que marquen el límite para poder optar a la prestación porque el Gobierno está rechazando un porcentaje muy alto de las mismas, casi un 25% según publicó recientemente Voz Pópuli.
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