Hacienda planea subir la baja de paternidad a los funcionarios
El Ministerio de Hacienda ha ofrecido ampliar el permiso de paternidad a los funcionarios de forma gradual hasta las 16 semanas en 2021, igualando así al permiso de maternidad. De momento es una propuesta pero iremos informando. La clave de esta negociación es que se apuesta por fijar un "plazo efectivo e inaplazable" para igualar los permisos.
El Ministerio de Hacienda ha ofrecido a Podemos ampliar la baja de paternidad de los funcionarios gradualmente hasta los cuatro meses en 2021, según confirman fuentes de la formación de Pablo Iglesias. En el escrito, se apuesta por fijar un "plazo efectivo e inaplazable" para igualar los permisos. Según publica 'El Confidencial', el acuerdo estaría recogido en el documento "Contribución al cambio social desde la política presupuestaria" que Hacienda envió a los negociadores de Unidos Podemos, con quienes busca pactar la senda de estabilidad.
En el escrito, se apuesta, como dijimos, por fijar un "plazo efectivo e inaplazable" para igualar los permisos de maternidad y paternidad de los empleados públicos de la siguiente forma: en 2019 serían ocho semanas; en 2020 subirían a 11 semanas, y en 2021 llegarían a 16 semanas. Hace unos meses, al valorar una proposición similar de Podemos, Hacienda se opuso en un debate dentro del Gobierno por el coste que tendría para las arcas públicas. En la negociación con los grupos de izquierda no se ha cuantificado a cuánto ascendería. Ampliar una semana la baja de paternidad para todos los trabajadores, como negociaron PP y Cs en los últimos presupuestos, tenía un coste aproximado de 300 millones.
Podemos, en declaraciones a 'El Confidencial', aseguran que este objetivo "no es la propuesta de Unidos Podemos" y que no se ha tratado en la reunión que han mantenido con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, apuntan a que su "idea es permisos para todos" y que, además, el PSOE "se comprometió a ello" en la votación de la proposición de ley que el grupo parlamentario presentó en el Congreso.
En febrero de este mismo año, el Gobierno vasco está en plenas negociaciones para equiparar por ley la duración de los permisos parentales entre los dos miembros de una pareja independientemente de su sexo, lo que convertirá a Euskadi en la primera comunidad autónoma en igualar esos permisos. Detrás ha venido, el Gobierno andaluz de la socialista Susana Díaz, quien acordó con los sindicatos ampliar las bajas de paternidad de los funcionarios hasta 2020.
En clave nacional el pasado mes de junio, el Congreso ya aprobó una proposición de ley de Podemos para igualar los permisos de paternidad y maternidad.
De 4 días a 16 semanas, en 10 años
El permiso de paternidad sigue creciendo como emblema de la igualdad. Dos de cada tres niños en el mundo viven en un lugar en el que no existen políticas públicas para que los padres disfruten de una baja remunerada. Cerca de 90 millones de niños menores de un año viven en lugares donde el padre no tiene derecho a un solo día de permiso remunerado para cuidar de ellos. Casi dos terceras partes de los bebés en esta franja de edad en todo mundo, según un reciente análisis de Unicef, residen en los 92 países que carecen de políticas nacionales que garanticen una baja para los hombres.
Si el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero amplió de cuatro días a dos semanas, este año Pedro Sánchez ascendió a cuatro y en julio subió a cinco semanas gracias a los Presupuestos de 2018 que negoció el PP y se aprobaron ya con el PSOE en el poder. Pero la lucha por la igualdad tiene como objetivo igualar los permisos y, a ser posible, que sean irrenunciables e intransferibles. El objetivo no es solo mejorar la conciliación sino que la mujer no se vea discriminada en su carrera laboral por tomar los cuatro meses de baja a los que tiene derecho mientras a los hombres apenas les afecta en su vida laboral.
En España hay 2,55 millones de empleados públicos, tras aumentar en 30.000 durante 2017, según el último Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El texto que negocian el Gobierno y sus socios de investidura no aclara si se aplicaría solo a los empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado o también a los que lo hacen para las comunidades autónomas y que suponen la mayoría porque estas gestionan la sanidad y la educación.