Educación

¿Por qué está levantando tanta polémica la Ley Celáa de reforma educativa y cuáles son sus puntos más controvertidos?

La Lomloe, el proyecto de ley de educación que está siendo tramitado en el Congreso, está levantando mucha polémica y numerosas protestas, sobre todo entre los centros concertados. Analizamos cuáles son sus puntos más conflictivos.

Estos últimos días las manifestaciones en contra de la ley de reforma educativa Lomloe más conocida como "Ley Celáa" (por Alusiones a Isabel Celáa, ministra de Educación), un proyecto de ley de Educación que está en tramitación parlamentaria, se han hecho más fuertes. La educación concertada ha liderado las protestas porque, a su juicio, esta nueva ley coarta la libertad de elección de las familias, entre otras cosas. Vamos a analizar los aspectos que más controversia están generando.

No se puede segregar por sexos

Este es uno de los puntos más controvertidos para la educación concertada, ya que la "Ley Celáa" lo que sostiene es que los centros que se financian totalmente o en parte por fondos públicos, es decir, los colegios públicos y los concertados, no pueden dividir a los alumnos por sexos, ya que se considera un principio contrario a la equidad y al fomento de la igualdad. Los centros concertados que defienden esta segregación por sexos sostienen que las familias tienen derecho a elegir.

Eliminación del castellano como lengua vehicular

Sin duda es el punto que más polémica y controversia está suscitando. Tanto es así, que PP y Ciudadanos ya han anunciado que recurrirán de forma conjunta ante el Tribunal Constitucional. Vox, presumiblemente, también lo hará.

En concreto, en la "Ley Celáa" se suprime del texto que el castellano sea la lengua vehicular en la enseñanza. En la actual norma, la Lomce o ley Wert, se establece que "el castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado, y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades, de acuerdo con sus estatutos y normativa aplicable", Además, en el proyecto de la Lomloe aparecía la referencia al “Castellano, lengua oficial del Estado". Sin embargo, finalmente se han eliminado del texto las referencias al castellano como "lengua oficial del Estado", así como de "lenguas vehiculares" tanto al castellano como a las demás lenguas cooficiales. Se ha establecido así tras aprobarse una enmienda acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC.

No obstante, en la reforma sí aparece especificado que las administraciones deben garantizar el derecho de los alumnos a recibir enseñanza en castellano y en las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, en base a lo que establece la Constitución, los estatutos de autonomía y la normativa aplicable.

La polémica radica en que los que se oponen a esta enmienda de la reforma sostienen que supone desterrar el castellano de aquellas comunidades en las que hay otra lengua cooficial, ya que consideran que las comunidades podrán elegir la proporción de uso del castellano y de la lengua cooficial en sus colegios.

Alumnos con necesidades especiales

Este es otro de los aspectos más controvertidos y que más polémica han generado. Hace unos meses ya se levantó un gran revuelo respecto a este punto, pero el Ministerio de Educación desmintió que fuese a cerrar los centros de Educación Especial.

La "Plataforma Educación Inclusiva sí, Especial También” ya publicó en abril un comunicado en el que alertaba de que con esta ley se  aprobaba “traspasar en 10 años a todos los alumnos con discapacidad intelectual de los centros especializados a colegios ordinarios” y por su parte el Ministerio de Educación se defendía argumentando que lo que recogía esta ley es que “los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad y que las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Es decir, la polémica reside en que según argumentan desde esta plataforma, el texto de la reforma es ambiguo y abre la puerta a “vaciar” los centros de educación especial y dejarlos prácticamente sin alumnos, mientras que desde el Gobierno aseguran que se trata de dotar de recursos a los centros ordinarios para poder acoger a alumnos con discapacidad que sean escolarizados en centros ordinarios.

Suelo

Otra de las polémicas levantadas por la "Ley Celáa" hace referencia al suelo. Concretamente, frena la entrega de suelo municipal para la construcción de colegios concertados, práctica que ha venido siendo muy habitual en los últimos años en algunas comunidades autónomas. Los Ayuntamientos podrán ceder suelo para construir centros educativos solo si son públicos. Desde la concertada consideran que esta es una medida que claramente beneficia a la educción pública frente a la concertada.

Asignatura de religión

La "Ley Celáa" propone que la asignatura de religión será de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para el alumnado. Del mismo modo, tampoco será obligatorio ofrecer una asignatura alternativa para los alumnos que no estudien religión. Sin embargo, todos los alumnos deberán cursar la asignatura de educación en valores cívicos y éticos durante primaria y ESO. Este proyecto de Ley también posibilita que los centros no estén obligados a ofrecer la asignatura de religión en primero y segundo de Bachillerato y su calificación no será tenida en cuenta para el acceso a la universidad o para la obtención de becas. Los que se oponen a este punto de la reforma educativa sostienen que se devalúa y se relega la religión a un segundo plano.

Demanda social

En la "Ley Celáa" se elimina la demanda social para los centros concertados. Este concepto de “demanda social” lo que permitía a los centros concertados es sacar más plazas si así lo demandan las familias. En la reforma que se está tramitando, las administraciones serán las que regulen la admisión de alumnos en centros públicos y privados concertados con el objetivo, según defienden, de garantizar el derecho a la educación. Los que se oponen a esta enmienda de la reforma argumentan que se limita la libertad de elección de las familias y que se favorece la educación pública, sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no reduce la libertad de los padres a la hora de elegir el colegio

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