La Fiscalía General del Estado recogía en su memoria anual presentada en septiembre la preocupación por el creciente número de agresiones y abusos sexuales a menores y matizaba que estas acciones se llevan a cabo en la intimidad y en situaciones en las que hay una relación cercana entre la víctima y el agresor, por eso, se producen en entornos como la familia, los centros educativos y los equipos deportivos o de ocio. Esta medida se produce en el contexto de aumento de procedimientos abiertos por agresiones sexuales en los que las víctimas son menores. Según se desprende de la 'Estadística de condenados adultos/menores 2018' publicada el 20 de septiembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se han incrementado más de un 40% los abusos y agresiones sexuales de adultos contra menores de 16 años.
En dicho informe se baraja esta idea ante “la gravedad de ciertas denuncias y lo delicado de los entornos en que se producen los hechos (espacios de encomienda o custodia de menores para su cuidado, educación, entrenamiento, etc.) podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en vídeo de espacios cerrados (despachos, aulas…)”.
Sin embargo, esta idea de poner cámaras de vigilancia en las aulas y despachos de centros educativos se topó con la tajante oposición de la comunidad educativa, de diferentes sindicatos, del Ministerio de Educación y de la Agencia Española de Protección de Datos. Para los profesionales de la educación es evidente que lo que hace falta es mejorar la educación sexual, protocolos que les permitan detectar abusos y más formación para el profesorado. Además, desde el Ministerio de Educación también mostraron su rechazo y la ministra al frente de esta cartera, Isabel Celáa, aseguró que esta era “terrible” y que era como “poner un Gran Hermano permanente”. Por su parte, el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, opinó que “meter cámaras en todos los colegios de manera indiscriminada no es la solución” para acabar con los abusos sexuales.
Posturas contrarias
Estas posturas fueron respaldadas por la FECCOO (Federación de Enseñanza de CCOO), por el sector de Enseñanza de UGT y por CCOO (Confederación Sindical de Comisiones Obreras), que tacharon esta medida de ineficaz, además de considerar que atenta contra libertades, que vulnera los derechos de imagen y de intimidad y que la solución no pasa por cámaras, sino por mejores recursos de prevención, y más recursos materiales y humanos, entre otras cosas.
Según el Informe TALIS 2018. Estudio internacional de la enseñanza y el aprendizaje, “en España la gran mayoría de los centros de Educación Primaria no presentan problemas de seguridad con frecuencia (al menos semanalmente) y, de esta manera, se puede afirmar que proporcionan un entorno seguro a los estudiantes. En efecto, algunos incidentes que preocupan especialmente a los padres ocurren en una proporción muy baja de centros”. Datos y estadísticas a las que recurren los detractores de las cámaras de vigilancia en centros educativos, ya que dudan de la necesidad de estas y de su eficacia.
Tema preocupante
El tema del aumento de agresiones y abuso a menores es preocupante para todos, sin embargo, para muchos la solución no está en poner cámaras de vigilancia en los centros escolares.
En Ser Padres queremos saber vuestra opinión al respecto. Participa en nuestra encuesta y haznos saber tu punto de vista ante este controvertido debate.
