La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz ha pedido subir al 21% el IVA de la educación privada y también de la sanidad, que hasta ahora estaban en el 0%. Los cálculos económicos apuntan a que esta medida supondría un incremento de más de 3.000 millones para las arcas públicas.
La líder de Sumar ha recalcado que es injusto que estas dos actividades económicas no tributen por el IVA. "Queremos que las rentas del trabajo tributen menos que las rentas del capital... También queremos que factores que son claves en un impuesto que es regresivo e injusto, como es el IVA, sean modificados... Estamos financiando de alguna manera la asistencia a las escuelas privadas, no estoy hablando de la escuela concertada. ¿Por qué la sanidad privada en España tributa ahora al 0 %? ¿Es esto justo?", ha dicho durante una entrevista concedida a la Agencia EFE.
Las declaraciones se enmarcan dentro de las negociaciones por los nuevos presupuestos generales. La Vicepresidenta está negociando con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, varios aspectos para subir la recaudación y uno de sus nuevos objetivos son la sanidad y la educación privada.
Ya en noviembre, la vicepresidenta afirmó en el Congreso: ““Nos parece bien que la ciudadanía use la sanidad y la educación privada, pero no puede sufragarse con el dinero de la gente”.
De hecho, durante la tramitación en 2020 de los presupuestos del año 2021, ya se especuló con la posibilidad de que el Gobierno de coalición retirase la exención a estas actividades y que comenzaran a tributar en el IVA. Sin embargo, la medida no llegó a concretarse ni a tomar forma.
Los datos muestran que estos dos beneficios fiscales suponen una pérdida de 5.284 millones de euros en los ingresos públicos. Esta es la estimación que hace el Ministerio de Hacienda en la memoria de beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado de este curso. Sin embargo, aplicar un IVA al 21% a estas dos actividades no revertiría directamente en ese alza de ingresos, ya que habría que restar algunos aspectos como la deducción del IVA que se aplicarían estas empresas y que ahora no pueden.
En los últimos años se han producido dos estudios que analizan precisamente este beneficio fiscal. La primera de ellas fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que en 2020 analizó una serie de incentivos tributarios y dio recomendaciones sobre su mantenimiento. En este caso concreto, constató que la exención del IVA en la educación y la sanidad privadas revertía fundamentalmente entre las rentas más altas, quienes acumulaban más de la mitad del coste de esta medida.
Sin embargo, numerosos padres ya se mostraron entonces (y ahora también) contrarios a esta propuesta del Gobierno de incluir un IVA del 21% para toda la sanidad y la educación privadas. Desde la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE) aseguraban en el medio "La Información" que muchos centros tendrían que acabar cerrando porque un alto porcentaje de alumnos no podrían seguir matriculados. Otros padres corroboraban el cierre y denunciaban en el mismo medio que "por mucho que digan, en estas aulas no solo hay hijos de ricos de cuna".
La polémica está servida.
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