La escuela infantil privada Pecas de Pozuelo de Alarcón, en la que se investigan desde el pasado noviembre presuntos malos tratos a los niños por parte de las cuidadoras, no tiene licencia municipal para cinco construcciones anexas al edificio principal, por lo que será clausurada en breve por parte del Ayuntamiento de la localidad madrileña, según han indicado al diario El País fuentes municipales.
Algunos medios de comunicación han publicado que la guardería no tiene licencia de apertura ni de actividad, pero esto no es así. El negocio abrió en 1993 con sus correspondientes permisos oficiales, pero posteriormente se agregaron cinco construcciones anexas a la edificación original. Se trata de en cinco cabañas prefabricadas de madera y son estas edificaciones las que carecen de licencia. La multa a la que se enfrenta la guardería por operar sin esta licencia es “de hasta 600.000 euros” por cabaña, además del cierre del negocio.
El Ayuntamiento, que apunta a que las casitas pueden ser “legalizables”, destaca que este asunto “es meramente urbanístico” y no tiene “nada que ver” con la investigación judicial. De hecho, a fuentes judiciales no les consta que estos datos obren entre las actuaciones judiciales, según informa el mismo diario.
La escuela sigue, de momento, abierta. El centro, según describe el periódico, es un lugar privilegiado, cuidado al detalle y con todas las comodidades, incluido un enorme jardín arbolado de 3.000 metros cuadrados con distintas zonas de juego y una piscina. A él acuden hijos e hijas de entre 0 y 4 años de conocidos jugadores de fútbol, además de hijos de cantantes y empresarios que residen en urbanizaciones de la zona.
La juez que instruye el caso, la magistrada del Juzgado número 3 de Pozuelo, investiga a cinco cuidadoras, a la directora y a su socia, informa el periódico. Tres de las cuidadoras están acusadas de la presunta comisión de delitos de trato degradante y otro de lesiones a raíz de una denuncia de una empleada en prácticas que grabó vídeos en los que se constataban los hechos. Al resto de las investigadas se las acusa por encubrimiento.
Las primeras investigaciones sobre esta guardería se produjeron el 23 de noviembre, cuando la Policía Nacional detuvo a dos empleadas de la guardería privada por supuestamente insultar y pegar a varios de los niños que cuidaban, según informaron a El País fuentes judiciales y de la investigación. Ambas fueron acusadas de los mismos dos delitos, lesiones y contra la integridad moral, pero una de las empleadas, que lleva mucho tiempo trabajando en las instalaciones, lo está como supuesta autora de los malos tratos. La otra, por omisión y ser su cómplice. Ambas fueron puestas en libertad con cargos.
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