El bullying o acoso escolar es una realidad que afecta a miles de niños y niñas en todo el mundo. Este problema puede causar graves consecuencias psicológicas y emocionales, y requiere la atención activa de familias, escuelas y la sociedad en su conjunto.
El colegio concertado religioso Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, de Bilbao, ha sido condenado al pago de una indemnización de 40.000 euros a una familia por no haber actuado en un caso de acoso escolar. La víctima fue una niña de cinco años que cursaba 3º de Educación Infantil en este centro religioso y a la que durante seis meses, otra compañera de un curso superior (1º de Educación Primaria) la estuvo sometiendo, según señala la sentencia, a constantes agresiones físicas, intimidación, acoso e incluso agresiones de índole sexual. Agresiones que han dejado secuelas en la salud de la niña.
Según la abogada de la familia de la menor, se trata de una sentencia pionera por la edad de la víctima, 5 años y por la indemnización que ha fijado el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao, la mayor que se ha fijado hasta la fecha.
Una víctima de 5 años
Aunque suele asociarse con niños de mayor edad, este reciente caso que se ha producido en un centro educativo de Bilbao, donde una niña de tan solo cinco años sufrió acoso severo, demuestra que este problema puede darse incluso en las edades muy tempranas.
Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de crear un entorno seguro para todos los estudiantes y en este reciente caso del colegio concertado religioso Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña en Bilbao, el fallo judicial destaca la inacción del centro ante un grave episodio de acoso escolar. Un acoso escolar que según se puede leer en la sentencia, fue "una sucesión de agresiones de carácter grave en el aula, en el comedor, en las escaleras y en los baños del centro docente".
La sentencia del juez sigue describiendo la situación señalando que el colegio "optó por convertirse en un mero espectador de lo que sucedía, aportando solo medidas con ninguna eficacia práctica ni contenido concreto". La resolución del juzgado resalta precisamente eso, la importancia que tienen las escuelas en estas complicadas situaciones.
El caso de la niña de cinco años en Bilbao ha conmocionado a la comunidad educativa. La sentencia, que condena al centro a pagar una indemnización de 40.000 euros, subraya que la institución no actuó de manera suficiente para proteger a la menor. De hecho, como consecuencia de las agresiones continuadas, la pequeña llegó a perder el habla durante un tiempo e incluso, por prescripción médica, necesitó tomar ansiolíticos a pesar de su corta edad.
A este respecto, la directora pedagógica de este centro educativo, Esther Balbuena, ha defendido que el colegio siguió "desde el principio los protocolos que marca la ley, con comunicación directa con Inspección de Educación" y que lo padecido por la niña "no fue bullying" a pesar de que la sentencia señala sin ningún mínimo de duda que el acoso escolar al que fue sometida esta pequeña por parte de la otra alumna, fue "continuado, persistente e ininterrumpido" desde el mes de septiembre de 2021, hasta el mes de marzo del año siguiente, 2022.
En sentido contrario a lo que señalan desde el centro escolar está la resolución donde se recoge el relato de la psiquiatra de Osakidetza (el servicio público de salud del País Vasco) que trató a la menor y que apreció que estaba "extraordinariamente enferma" con "un cuadro propio de estrés postraumático severo como reacción ante una situación de maltrato y abuso de naturaleza sexual". Tres años después de esta agresión, la menor continúa recibiendo tratamiento psiquiátrico y medicación, y la familia finalmente se ha mudado a otra zona de la ciudad.
Este caso pone de manifiesto que:
- Los protocolos de actuación deben ser activados de forma inmediata ante cualquier sospecha de acoso.
- Las instituciones educativas deben adoptar una postura activa y no limitarse a ser "espectadores" de la violencia.
- Es fundamental trabajar en la prevención del bullying desde edades tempranas, ya que las consecuencias en la salud mental de las víctimas pueden ser devastadoras, como lo demuestra el estrés postraumático severo diagnosticado a la menor.
Familia y colegio
Los padres de la menor agredida que finalmente se vio obligada a cambiar a su hija de colegio, ha señalado en el juicio que estuvo en todo momento dando la voz de alarma sobre lo que estaba ocurriendo con su hija. Llegaron a pedir que separaran a las dos niñas para evitar más agresiones pero, tal y como se señala en la sentencia "no se activaron los protocolos y las medidas a las que el centro docente estaba obligado".
En declaraciones durante el juicio de la psicóloga que estuvo tratando a la niña, el colegio "hizo oídos sordos al sufrimiento" de la menor a la vista de lo que ella ha contado y las pruebas han demostrado. Un sufrimiento que "era a todas luces tan evidente, que las agresiones y la falta de protección de sus referentes en la docencia le causó, entre otros síntomas, mutismo, intenso retraimiento social, intensa ansiedad con crisis de angustia, insomnio y pérdida de apetito" señalan desde el servicio de salud del País Vasco.
En su defensa, desde el colegio señalan que se tomaron medidas tanto con reuniones con ambas familias como con la activación de un protocolo de observación porque lo consideraron como "un problema de convivencia" y no de acoso ya que para los profesionales de este centro educativo religioso, la menor no era objetivo de agresiones "focalizadas", a lo que añadieron en su declaración que la víctima de cinco años de edad "no supo entender la situación" y que la reacción de los responsables del centro se explica también porque la menor, la víctima, "no se quejaba ni pedía ayuda".
