El gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, está preparando un decreto que prohibirá el uso individual de dispositivos digitales en los centros educativos financiados con fondos públicos a partir del próximo curso escolar 2025/2026. Esta medida, que afectará a más de 2.000 centros y medio millón de estudiantes, ha generado un intenso debate entre defensores de la educación tradicional y aquellos que abogan por la integración de las nuevas tecnologías en el aula.
Esta comunidad autónoma ya había regulado por ley el uso de móviles y tabletas en los colegios e institutos precisamente a partir de este curso escolar y ahora da un paso más prohibiendo su uso en los centros educativos de infantil y primaria tal y como se venía haciendo hasta ahora.
El decreto, que se encuentra en sus etapas finales de elaboración, establece restricciones significativas en el uso de dispositivos digitales:
- Prohibición total de pantallas para niños de 0 a 3 años.
- Uso compartido y supervisado para alumnos de 3 a 12 años, con límites de tiempo estrictos: Una hora semanal para niños de 3 a 6 años y hasta dos horas semanales para niños de 10 a 12 años.
- Eliminación del uso individual de tabletas y ordenadores en Educación Infantil y Primaria.
- Prohibición de llevar dispositivos a casa y de asignar tareas que requieran su uso fuera del horario escolar.
Miguel Ángel García, consejero de Presidencia, ha declarado a este respecto en la sede de la Comunidad que con este decreto "se vuelve a la esencia de la educación adaptada a los tiempos de hoy, a los libros, a los dictados y a la caligrafía, que haremos compatible con que los alumnos tengan destrezas digitales."
La libertad de los centros
La decisión de Madrid se produce en un contexto donde el Ministerio de Educación ya había recomendado vetar el uso del móvil en Infantil y Primaria. Sin embargo, organismos internacionales como la OCDE sugieren un enfoque más moderado, recomendando políticas que permitan un uso adecuado y moderado de la tecnología en la escuela con fines educativos.
El decreto de la Comunidad de Madrid sobre el uso de dispositivos digitales en las aulas representa un punto de inflexión en el debate sobre la integración de la tecnología en la educación. Mientras el gobierno regional argumenta que la medida busca reducir los riesgos asociados al uso temprano e intensivo de las tecnologías, sus críticos temen que pueda ampliar la brecha digital y limitar las oportunidades de aprendizaje.
Se acabó lo de usar en el aula como hasta ahora se hacía, algunas aplicaciones educativas como las que utilizan los colegios para matemáticas, lengua o inglés.
Ante esta propuesta, los colegios concertados, especialmente los católicos, han expresado su desacuerdo con la medida. Emilio Díaz, secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid, ha calificado el decreto como "radical y extremo", argumentando que "impide que la escuela madrileña del siglo XXI siga cumpliendo con su responsabilidad alfabetizadora".
Estos centros educativos concertados financiados con dinero público representan el 28,5% de la enseñanza madrileña y consideran que la prohibición afecta tanto a su autonomía educativa como a la libertad de elección de las familias. De hecho, muchos de ellos alegan que han invertido significativamente en la digitalización de sus materiales educativos, incluso antes de la pandemia de COVID-19 pero sobre todo desde entonces, en la mayoría de los casos.
Las dudas de los expertos
El anuncio de esta medida por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de cara al próximo curso escolar también ha dividido opiniones entre los expertos en educación. Algunos, como Catherine L'Ecuyer, pionera en advertir sobre los riesgos de las pantallas en la educación, apoyan esta iniciativa restrictiva. Sin embargo, otros cuestionan su efectividad y sobre todo sus posibles consecuencias.
Isabel Galvín, responsable de educación en el sindicato CCOO en Madrid, plantea preocupaciones sobre la equidad de la medida, señalando que "si no se usan y se aprenden a usar en el colegio ¿se usarán fuera? ¿Quién saldrá beneficiado de esta medida? ¿No supone ampliar la brecha y la desigualdad social y los desequilibrios?".
María del Mar Sánchez, investigadora en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia, advierte sobre el riesgo de renunciar a formar a los jóvenes en el uso correcto de las tecnologías y apunta a que con medidas como estas lo que se hace es que "en la escuela ponemos el foco en prohibir los móviles, pero nos olvidamos de educar", algo que coincide con lo que dice la divulgadora Elsa Punset que anima a los padres y a las madres a "acompañar a nuestros hijos en los buenos hábitos digitales."
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