A las sagas familiares que existen en los campus universitarios españoles puede que les ampare la legalidad, pero no la éitca. Según un reportaje recientemente publicado por el diario El País, hay 50 científicos que publican constantemente junto a miembros de su familia. El periódico que basa su denuncia en datos facilitados por la Oficina Española de Integridad en la Investigación ha abierto el debate sobre el poder de las sagas familiares de científicos dentro de la universidad.
¿Hasta qué punto es justo y se puede permitir que un doctor dirija la tesis de un familiar o que forma parte del tribunal de una tesis que esté dirigida por uno de sus parientes? Fuentes de la conferencia de rectores responden al diario que existe normativa jurídica al respecto y remiten a las normas para concursos y procedimientos de selección.
Esta regulación prevé causas de abstención y recusación en caso de conflicto de intereses o de interés personal en el asunto que serían aplicables en las relaciones de cosanguineidad. Sin embargo, en un tribunal de tesis no se compite contra nadie, por lo que no es frecuente recurrir a esta normativa para impugnar al tribunal.
De esta forma, surgen casos susceptibles de debate por distintos campus y universidades españolas. Por ejemplo, en la Universidad de Alcalá, el hijo de una profesora de Química leyó una tesis en 2023 y 14 de sus 18 artículos fueron confirmados. Por otra parte, en la Universidad de Valencia trabajan juntos los miembros de una misma familia. Durante seis años el hijo ha firmado junto a sus padres 29 de los 31 artículos, a la par que creaba su propia empresa y se graduaba en una segunda carrera universitaria. Los padres comparten 66 publicaciones y otro hijo debutó el año pasado.
Ni en el caso de la Universidad de Alcála, ni en el caso de la Universidad de Valencia se ha cometido ninguna ilegalidad según la normativa vigente, pero se puede atisbar que los resultados obtenidos son de dudosa objetvidad.
Otras fuentes consultadas por el diario explican qué es difícil legislar en este sentido porque son causas difíciles de cuantificar.
Ante la falta de efectividad de la actual legislación para se que haga justicia con este tipo de casos, sólo queda recurrir a la ética. En este sentido, Antonio Abril, presidente de los consejos sociales de las universidades considera esencial que existan códigos de ética para que no peligre la objetvidad: “Pero los campus no sólo tiene que implantar estos códigos, sino que los consejos también tienen que velar porque se cumplan”.
TAMBIÉN LEE:
