El pasado jueves 12 de enero anunció el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y líder de Vox en dicha comunidad autónoma, Juan García-Gallardo, el nuevo protocolo de la consejería de Sanidad que su partido lidera. Desde entonces, se han sucedido las declaraciones políticas y el tema ha saltado a las portadas de los medios de comunicación a nivel nacional. A continuación, ponemos orden cronológico a lo ocurrido y respondemos a las dudas existentes acerca de este protocolo que busca reducir en la región el número de interrupciones voluntarias de las gestaciones.
“Si conseguimos salvar una vida, todo habrá merecido la pena”. Estas fueron las palabras con las que Juan García-Gallardo publicitó en sus redes sociales un protocolo con el objetivo de incentivar la natalidad contra el "drama social" del aborto, como se refirió a esta cuestión en un primer momento.
Explicó en esa comparecencia pública García-Gallardo los puntos más destacados de un protocolo que no ha sido facilitado en público por escrito por la consejería de Sanidad de Castilla y León hasta la fecha, pero sí emitió un comunicado de prensa en el que amplió la información presentada por el vicepresidente de la Junta. Las medidas fueron matizadas por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en declaraciones posteriores en las que aclaró en que las medidas serían optativas y no obligatorias para las mujeres embarazadas, ya que de lo contrario, el protocolo "puede derivar en coacciones directas e indirectas a la mujer embarazada", señaló.
Las cuatro medidas del protocolo más destacadas son las siguientes:
- Atención psicosocial específica. “Se van a poner en marcha medidas que garanticen a la mujer embarazada la asistencia psicológica que precise en la esfera emocional, mediante el acceso a la atención por un psicólogo clínico. Para ello se establecerá un procedimiento de derivación desde atención primaria a los equipos de salud mental para la atención preferente de las personas que lo requieran”, se expone en el comunidad de Sanidad de castilla y León.
- Protocolo “latido fetal y registro cardiaco”. Introducir una cuarta ecografía entre la semana 6 y la semana 9 del embarazo para que los progenitores puedan escuchar el sonido fetal. “Si bien la recomendación de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) es la realización de tres ecografías durante el embarazo en las semanas 12, 20 y 33 para el correcto control y seguimiento de la gestación, en situaciones específicas esta exploración puede llevarse a cabo con mayor frecuencia, incluyendo una primera ecografía entre la semana 6 y 9 del embarazo para el primer registro del latido cardiaco”, señala el comunicado de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
- Ecografías 4D. Ofrecer ecografías en 4D en el primer trimestre del embarazo, antes de que este sea interrumpido.
- Objeción de conciencia. “Vamos a velar porque se respete el derecho fundamental de los profesionales de la sanidad a ejercer la objeción de conciencia”, señaló el vicepresidente de la Junta de Castilla y León.
Retraso en la aplicación del protocolo y reacción del Gobierno
Este lunes 16 de enero debería haber entrado en vigor este nuevo protocolo para mujeres embarazadas, pero en la mañana de este martes 17 de enero, el secretario general de Vox a nivel nacional y líder de la formación en Cataluña, Ignacio Garriga, ha reconocido en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 que todavía no ha sido dada la orden de ejecución del mismo. "Eso está aprobado, el consejero de Sanidad emitirá la orden en las próximas horas, en los próximos días", ha dicho.
No ha confirmado si el retraso en su aplicación se debe a las palabras emitidas por el presidente de la Junta de Castilla y León, líder del Partido Popular en la región, Alfonso Fernández Mañueco, este lunes 16 de enero. "No se obligará a los médicos a nada. No se obligará a las embarazadas a nada. Serán ellas las que libremente podrán solicitar los recursos que tienen a su disposición", dijo el presidente del Gobierno autonómico.
Sin embargo, el Gobierno central opina de una forma diferente al Gobierno de Castilla y León. Considera el ejecutivo nacional que este protocolo puede vulnerar la ley estatal de la interrupción voluntaria del embarazo o aborto, como popularmente se conoce a esta cuestión de interés general. La prueba es que el ministerio de Sanidad envió un requerimiento y comunicado a la Junta de Castilla y León por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a aquellas cuestiones que vulneren la citada ley.
La respuesta de la Junta de Castilla y León llegó el pasado domingo 15 de enero a través de un comunicado en el que explicaba su “medida de fomento de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia”. Explica la Consejería de Salud castellanoleonesa en dicho comunicado que “Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas”.
En la mañana de este martes 17 de enero, en el marco de su visita al Foro Económico Mundial de Davos que se celebra estos días en Suiza, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido en una conversación, informan medios como El País, que el Consejo de Ministros vaya a aprobar un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León en relación a aquellas cuestiones que vulneren la citada ley del aborto, por lo que de aprobarse el protocolo, el Gobierno podría incluso llevar la cuestión al Tribunal Constitucional.
