Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado que llevará al Congreso un anteproyecto de ley para fijar por ley un máximo de 23 horas semanales lectivas para el profesorado en Infantil y Primaria, y de 18 horas en Secundaria, Bachillerato y FP. Es una propuesta para rebajar el tiempo que los profesores pasarán dando clase, no para reducir su jornada laboral. Una medida que, según Moncloa, busca “blindar” los tiempos de docencia directa y dar más espacio a la preparación de clases, tutorías o coordinación. Te contamos el alcance de esta propuesta.
En la práctica, la propuesta del Gobierno de España significa que las horas que el profesorado pasa dentro del aula se reducirán, pero no su jornada total, que seguirá rondando las 37 horas y media. El cambio no es menor: frente a los mínimos de 25 horas en Primaria y 20 en Secundaria que se impusieron en 2012, el Ejecutivo plantea consolidar un marco más favorable al profesorado y con potencial impacto en la calidad educativa desde las primeras etapas de escolarización, donde España es líder a nivel mundial.
No todas las comunidades parten del mismo punto. Y este es precisamente uno de los objetivos de esta medida: evitar que no se cumplan las directrices marcadas por el Gobierno al respecto. En la actualidad, casi todas las comunidades aplican las directrices de la propuesta del Gobierno, pero algunas autonomías como Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunidad de Madrid todavía no lo hacen.
La medida obligará a estas autonomías que actualmente no cumplen con lo que propone la futura norma (será una ley precisamente para obligar a todos los gobiernos autonómicos) a reorganizar horarios, plantillas y presupuestos.
De recomendación a obligación
El anteproyecto de ley que propone el Gobierno de Pedro Sánchez para fijar de forma obligatoria un máximo de 23 horas semanales en Infantil y Primaria y 18 horas en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional no supondrá, si entra en vigor (si se aprueba en el Congreso), un cambio menor. Hasta ahora, se trataba solo de una recomendación, no de una norma con rango de ley.
El cambio es importante. En 2012, con las medidas de ajuste, se impusieron mínimos de 25 horas lectivas en Primaria y 20 en Secundaria. Esa cifra se convirtió en la referencia de muchas comunidades y supuso un aumento de la carga lectiva para miles de docentes.
El Ejecutivo asegura que con esta nueva regulación se busca “blindar por ley” un modelo más sostenible para el profesorado, garantizando tiempo para tutorías, preparación de clases, coordinación con equipos docentes y apoyo individual al alumnado. No se trata, por tanto, de trabajar menos, sino de redistribuir el tiempo de manera que repercuta en una educación de mayor calidad.
Cómo puede afectar a colegios, docentes y familias
La medida no afectará por igual a todos los territorios. Algunas comunidades ya han avanzado en este sentido, hasta el punto de que casi todas cumplen. Hay tres excepciones: Galicia, que está elaborando una nueva ley de educación digital, trabaja con 23 horas en Primaria, aunque planea bajar en Secundaria de las actuales 20 a las 18 que marca la nueva referencia. Castilla-La Mancha ha fijado 23 horas lectivas en Primaria desde este curso, aunque mantiene 19 en Secundaria.
El caso más claro de retraso es el de la Comunidad de Madrid, donde los docentes de Primaria siguen con 25 horas semanales en el aula, y en Secundaria se prevé un descenso progresivo hasta alcanzar las 18 horas… pero no antes de 2028. También Castilla y León permite que, en la práctica, algunos docentes de Secundaria lleguen a 20 horas semanales. En estas comunidades, si la ley entra en vigor, el impacto será mayor para el profesorado.
El impacto principal para el gremio del profesorado será disponer de más margen para planificar clases, corregir, reunirse con las familias y trabajar de forma coordinada con otros equipos docentes. Para las familias, en caso de que se cumplan los objetivos que tiene la propuesta, la consecuencia puede traducirse en mejor atención individualizada y en que el tiempo dentro del aula tenga un mayor valor añadido.
Los sindicatos, por su parte, recuerdan que esta bajada de horas debe ir acompañada de un refuerzo de plantillas y presupuesto. Es decir, habrá que contratar a más profesorado para que el horario escolar del alumnado no se vea afectado.
Y en paralelo, el Ministerio ha vinculado la medida a dos compromisos más: menos ratio por aula, una de las demandas más habituales entre profesores y familias, y menos burocracia para los docentes, un tema que ya hemos tratado en Ser Padres cuando hablamos de cómo el malestar en los colegios también afecta al profesorado por la sobrecarga de tareas que soportan estos profesionales de la educación.
