La organización sin ánimo de lucro Save The Children, colectivo que defiende los derechos de la infancia y que recientemente alertó sobre la exposición de los niños españoles a las olas de calor y sus consecuencias, ha emitido un comunicado en el que advierte sobre la situación de los colegios concertados en España en comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Según el informe, las familias con menos recursos no pueden hacer frente al coste que supone este tipo de centros educativos, cuyos gastos están sostenidos en parte con fondos públicos.
El informe, que lleva por título “Por una escuela concertada inclusiva”, denuncia que las escuelas concertadas en España “contribuyen a ampliar la segregación escolar”. Según Save The Children, España es el país de la OCDE donde “mayores diferencias existen entre escuelas públicas y concertadas en el perfil socioeconómico de su alumnado”.
Para argumentar su valoración, el informe sostiene que “casi un 21% de la segregación escolar en España se explica por la desigual composición social entre escuelas concertadas y públicas”. Save The Children señala en este sentido que en países como Países Bajos o Reino Unido, donde la presencia de la escuela concertada es amplia, el porcentaje de este mismo dato es “prácticamente cero” y “raramente llega al 10% en otros sistemas educativos” de nuestro entorno.
Que en España suponga el motivo de la segregación escolar en un 21% del régimen concertado explica que Save The Children denuncie que el modelo de la educación concertada en nuestro país sea segregador, impidiendo que muchas familias con pocos recursos puedan acceder al mismo.
En este sentido, la organización incide en que “las cuotas y otros gastos asociados a la escuela concertada suelen ser moderados, pero suponen un esfuerzo económico inasumible para las familias más vulnerables”, por lo que “para muchas familias —añaden—, la escuela concertada no es una opción viable al no poder permitirse estos desembolsos, que de media son de 68€ al mes en primaria y de 57€ en secundaria obligatoria”. Cabe recordar al respecto que el gasto escolar por hijo se dispara un 13% en esta vuelta al cole 2024 según la OCU.
Estos gastos citados por Save The Children no incluyen otros que son habituales en muchos colegios concertados, como el uniforme, el comedor o las salidas escolares, “cuyos precios generalmente son más elevados que en las escuelas públicas comparables”, puntualizan desde Save The Children. Sí está incluido, en cambio, el gasto más polémico de la escuela concertada, la cuota mensual voluntaria, que tiene una razón para su pago.
Alfonso Echazarra, investigador especializado en educación de Save The Children y firmante del informe, asegura que esta mayor segregación escolar de la concertada en España “puede repercutir negativamente en la equidad educativa, aunque solo sea porque el aprendizaje, las expectativas y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes dependen, en buena medida, de con quién comparten clase”.
Excesiva libertad de elección para las escuelas concertadas
En el informe recién publicado, Save The Children también denuncia que las escuelas concertadas tienen demasiada libertad para estipular sus criterios de admisión.
Denuncia la organización los casos de la Comunidad de Madrid, Galicia, Euskadi, la Región de Murcia, la Comunidad Valenciana (desde el curso 2024-25) y, en menor medida, Castilla y León como las comunidades donde más libertad tienen los colegios concertados para escoger a su alumnado en base a los criterios de admisión.Save The Children, eso sí, reconoce que “los procesos de admisión no son particularmente selectivos y las escuelas generalmente tienen una capacidad limitada de seleccionar al alumnado”.
Por otro lado, la entidad sin ánimo de lucro refleja una diferenciación entre alumnado de origen migrante entre los colegios públicos y los concertados. En concreto, advierte de que “un 18% del alumnado de escuelas públicas era de origen migrante, en comparación con un 10% en el caso de la escuela concertada”, por lo que habla de “brecha”. Esta es mayor en las escuelas concertadas de Melilla, Región de Murcia, La Rioja, Comunitat Valenciana, Navarra, Comunidad de Madrid y Canarias, según Save The Children.
Estés de acuerdo o no en que existe una brecha, no cabe duda de que hay diferencias, y también ventajas y desventajas, entre la eduación pública y la educación privada.
Por último, también apunta la organización en su informe que en España, el 74% del alumnado de centros educativos concertados en el curso 2021-2022 estaba matriculado en escuelas católicas, y denuncia también que las regiones más ricas cuentan con más alumnado en la escuela concertado.
“En Euskadi, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y Castilla y León al menos uno de cada tres estudiantes estaba matriculado en un centro concertado en primaria y secundaria obligatoria en el curso 2020-21”, señala a modo de ejemplo. En Ceuta, Extremadura, Canarias, Melilla, Andalucía y Castilla-La Mancha es menos de uno de cada cuatro. “La escuela concertada no prolifera donde existen familias más religiosas, sino donde estas tienen suficiente capacidad financiera para pagar las cuotas que la mayoría de las concertadas necesitan para ofrecer servicios educativos de una calidad equivalente a las escuelas públicas”, defiende Alfonso Echazarra.
Por todo lo expuesto, Save The Children aboga en su informe por un cambio del modelo de la escuela concertada en España. “No podemos olvidar que estos colegios están sostenidos con fondos públicos, y que, por tanto, debe ser para el uso de todas y todos”, dice Andrés Conde, director de la organización.
Esta defiende un modelo en el que la escuela concertada tienda a la gratuidad, como ocurre en los citados sistemas educativos de Países Bajos y Reino Unido. “Que con financiación mejorada, gratuidad real y unas reglas de juego equitativas en los procesos de admisión, la escuela concertada pase de ser parte del problema, a parte de la solución de la inequidad educativa observada en el sistema educativo español”, concluye la entidad que vela por los derechos de la infancia.
