Andalucía no es la primera comunidad en abordar la regulación de las familias monoparentales. Cataluña, por ejemplo, cuenta con normativa específica desde 2003 y en otras comunidades autónomas, las medidas que se han ido tomando con respecto a las familias monoparentales, ya incluyen ayudas económicas, bonificaciones en servicios públicos y acceso prioritario a programas sociales.
En Andalucía las familias monoparentales son una realidad creciente, como en el resto del país. Según el Informe sobre la Situación de las Familias en Andalucía, estamos hablando de que más de 500.000 adultos forman parte de este modelo familiar, en el que un solo progenitor asume la crianza de los hijos.
Una de cada diez familias andaluzas carecen de un padre o de una madre, esta es la realidad de las familias monomarentales que en su mayor parte están formadas por una madre y uno o dos menores a su cargo. Una realidad que no deja de crecer y necesita legislación específica.
Una legislación sobre la que ya están trabajando en el gobierno de la comunidad andaluza a través de un nuevo decreto con el que se busca reconocer y regular la figura de estas familias de un solo progenitor, dándoles una entidad que les permita acceder a servicios y recursos públicos a los que hasta el día de hoy, no tienen acceso. Si para muchas familias ya es un desafío económico tener un hijo, para las familias monoparentales se hace aún más complicado.
Un avance necesario
La regulación de las familias monoparentales supone un avance social necesario, justo e importante, ya que pone fin a un vacío legal que dejaba desprotegido a medio millón de personas en Andalucía.
El reconocimiento de las familias monoparentales en Andalucía es un avance significativo, pero queda trabajo por hacer. La futura normativa debe ir más allá del reconocimiento formal y garantizar medidas de apoyo específicas que reduzcan la desigualdad y mejoren la calidad de vida de estas familias.
Las asociaciones ya han anunciado que van a seguir trabajando para que el decreto contemple sus demandas y necesidades, y sea un verdadero motor de cambio social. Como destaca Soledad Rasero, delegada en Andalucía de la Asociación Madres Solteras por Elección, “la equiparación de derechos con las familias numerosas es la forma más efectiva de proteger a las familias monoparentales y garantizar su bienestar”.
Para estas asociaciones, la medida en la que están trabajando desde el ejecutivo andaluz, es insuficiente si no va acompañada de un marco protector que contemple ayudas específicas y medidas contra la pobreza y la exclusión social. Según Rasero, “no existe ninguna cláusula que contenga derechos o medidas concretas de protección”, algo que considera imprescindible.
El desafío de la equiparación con las familias numerosas
La necesidad de equiparar los derechos de las familias monoparentales a los de las familias numerosas no es un capricho, sino una demanda fundamentada. En 2018, el Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley para homologar los beneficios de ambas tipologías familiares, pero en la práctica, esta proposición de ley no ha llegado a entrar en vigor en ningún momento.
Según explica Rasero, los sistemas de ayudas basados en el renta per cápita generan desigualdades ya que a las familias monoparentales se les “endurecen los requisitos para acceder a las mismas ayudas frente al resto de los modelos familiares”, señala.
Un ejemplo claro se encuentra en las bonificaciones para el comedor escolar. Actualmente, los límites de ingresos son los mismos para una familia con dos adultos y un niño que para una con un solo adulto y dos niños. Esta equiparación, según señala Soledad Rasero, ignora las diferencias económicas reales entre ambos modelos familiares.
Necesidades reales
El objetivo es que estas ayudas reflejen la realidad económica de las familias monoparentales, que suelen tener menos recursos y más dificultades para conciliar la vida laboral y familiar.
Una de las demandas más urgentes es la revisión de los baremos para acceder a ayudas ya mencionadas como el comedor escolar o el aula matinal. Según Rasero, “es necesario que la Consejería de Inclusión Social corrija estos baremos ya, sin esperar a la futura ley ni al decreto de familias monoparentales” porque la falta de una ley, de un marco protector para estas familias, lo que consigue es que se mantengan las desigualdades dentro de la comunidad pero también con respecto a otras comunidades autónomas que ya han legislado al respecto.
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