La fecundación in vitro es una técnica cada día más utilizada en los hospitales españoles, lo habitual es que las historias familiares de las parejas que optan por la inseminación artificial o la fecundación in vitro tengan finales felices pero a veces la realidad es otra. Como el caso de una pareja andaluza que ha interpuesto una demanda contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras descubrir que su hijo, nacido mediante fecundación in vitro en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz en 2021, no es biológicamente hijo del padre.
En 2019, la pareja decidió iniciar un proceso de reproducción asistida debido a dificultades para concebir de manera natural. Tras dos años en lista de espera, en marzo de 2021 se llevó a cabo la captación ovocitaria y la posterior transferencia embrionaria en el mencionado hospital gaditano. El procedimiento fue exitoso, parecía que todo había ido según lo previsto.
Llegan las dudas
Familiares y amigos comenzaron a notar la falta de parecido físico entre el padre y el bebé. Estos comentarios persistentes llevaron a la pareja a cuestionarse la situación y en febrero de 2023, casi de forma casual, un conocido con conocimientos médicos revisó la cartilla de nacimiento del menor y descubrió que su grupo sanguíneo era incompatible con el de ambos progenitores, lo que incrementó las sospechas.
Ante la incertidumbre, la pareja decidió someterse a una prueba de paternidad y los resultados fueron desoladores: el hombre no era el padre biológico del niño, aunque la madre sí lo era.
Este hallazgo, que atribuyen a un error en la manipulación de la muestra de semen, los ha llevado a reclamar al Servicio Andaluz de Salud una indemnización de un millón de euros.
El abogado que representa a esta pareja señala el daño que se les ha causado tanto al niño como a los dos adultos y no solo emocional sino de cara a posibles implicaciones en su salud cuando sea adulto.
Igual que una jueza condenó a una empresa fabricante de un DIU defectuoso a indemnizar a una mujer que usándolo se quedó embarazada, estos afectados por el error que ha reconocido ya el SAS quieren que se indemnice, en la medida de lo posible, las consecuencias del caso.
Un error reconocido
La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha confirmado la apertura de una investigación para esclarecer los detalles de este caso y cuando se concluya la investigación, se determinará si el error fue humano o de protocolo, y se implementarán las medidas correctoras necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
El juicio está previsto que se celebre en el mes de junio y será entonces cuando se decida la cantidad de la indemnización, teniendo en cuenta que los padres solicitan una indemnización de un millón de euros mientras que la Junta ha dado luz verde a una indemnización en torno a los 120.000 euros por daños y perjuicios.
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